El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la décima edición de su iniciativa «Los principales economistas opinan», que cada mes aborda principales temas de coyuntura económica y políticas públicas. En la edición de octubre 2026, participaron 95 especialistas, encuestados entre el 22 y el 27 de octubre.
Ante la mayor probabilidad de un fenómeno El Niño (FEN) de magnitud extraordinaria durante el verano de 2027, 44% de economistas estima que, de materializarse, reduciría el crecimiento del PBI entre 1 y 1.5 puntos porcentuales respecto de un escenario sin el fenómeno. Además, 19% estima un impacto de entre 1.5 y 2 puntos y 12%, de 2 puntos o más. Así, 3 de cada 4 economistas (75%) prevé un impacto de al menos un punto porcentual. En contraste, 21% estima una reducción de entre 0.5 y 1 punto y solo 2%, menor a 0.5 puntos.
Luego de que el Congreso aprobara delegar facultades legislativas al Ejecutivo solo en seguridad ciudadana y prevención ante el FEN, 59% de economistas considera que también debió aprobarse la reducción de trámites y barreras burocráticas para destrabar la inversión. Le siguen mejorar la calidad de los servicios públicos mediante la modernización del Estado y del servicio civil (45%) y la promoción del empleo, la formalización y fiscalización laboral, y el empleo juvenil (38%). Más atrás se ubican facilitar el crecimiento y la formalización de las mypes (28%) y simplificar el régimen tributario y facilitar el comercio exterior (24%). En cambio, solo 19% considera que no debió incluirse ninguna materia adicional.
Ante el vencimiento del proceso de formalización minera a fines de 2026 y la propuesta del Ministerio de Energía y Minas de una nueva Ley MAPE, 66% de economistas considera que, para abordar efectivamente la formalización minera, una ley MAPE debería implementar mecanismos efectivos de trazabilidad del mineral desde su extracción hasta su comercialización, con énfasis en las plantas procesadoras. En segundo lugar, 51% prioriza asegurar la fiscalización y la aplicación efectiva de sanciones a los operadores que incumplen los requisitos. Asimismo, 47% plantea exigir avances verificables y un plazo improrrogable para completar la formalización y 42%, excluir del proceso a quienes operan en zonas donde la actividad minera está prohibida.
Frente al vencimiento de 38 contratos de concesión de infraestructura mediante asociaciones público-privadas (APP) entre 2026 y 2035 (según Proinversión suman una inversión de US$5,800 millones), 61% de economistas considera que el Estado debería evaluar caso por caso la conveniencia de ampliar o relicitar, considerando los plazos, los beneficios económicos, la competencia y la continuidad del servicio. Por su parte, 23% prioriza nuevas licitaciones competitivas y 13%, la ampliación de los contratos vigentes mediante adendas condicionadas a nuevos compromisos de inversión y mejoras en el servicio. Solo 2% plantea que el Estado asuma directamente la operación de la infraestructura.
Ante la mayor probabilidad de un FEN extraordinario, los riesgos climáticos (78%) alcanzaron su nivel más alto y superaron por primera vez a la inseguridad ciudadana y la expansión del crimen organizado (66%), que retrocede tras el récord de setiembre (78%). En tercer lugar, se ubica la incertidumbre global (18%), seguida de un menor ritmo de crecimiento económico (12%), que alcanza su mayor nivel en lo que va del año, y del deterioro de las finanzas públicas (12%). En cambio, la inestabilidad política (9%) retrocede por quinto mes consecutivo.
(energiminas.com)
