La Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) valoró la reciente aprobación del Decreto Supremo N.° 249-2025-EF, mediante el cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de S/ 317 millones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para garantizar la continuidad de proyectos prioritarios.
Sin embargo, el gremio advirtió que este monto solo cubre el 10% de los más de S/ 3 mil millones pendientes para 2025, por lo que resulta claramente insuficiente para resolver la profunda crisis financiera que atraviesa el sector.
“La decisión del MEF es un paso en la dirección correcta, pero el problema estructural sigue siendo grave. Miles de obras públicas permanecen paralizadas por falta de pago, afectando el empleo, la cadena de proveedores y la confianza del inversionista”, señaló la SNCI a través de un comunicado oficial.
La falta de desembolsos por parte del Estado ha generado la paralización de proyectos esenciales como defensas ribereñas, colegios y hospitales, poniendo en riesgo directo la vida y bienestar de miles de peruanos. Solo el proyecto de defensas ribereñas del río Motupe, por ejemplo, protege a más de 50 mil personas que hoy se encuentran expuestas por la falta de continuidad de obra.
La SNCI también alertó que el déficit adicional de S/ 5 mil millones proyectado para 2026 podría comprometer la ejecución de proyectos estratégicos en todo el país, y agravar la crisis de liquidez que afecta tanto a empresas contratistas como a subcontratistas.
“Cuando el Estado incumple, se rompe la cadena de pagos. No solo pierden las empresas, sino miles de trabajadores y familias que dependen de estas obras. El país no puede permitirse seguir postergando su infraestructura básica”, enfatizó el gremio.
En ese sentido, la SNCI exhortó al Presidente de la República, a la Ministra de Economía y Finanzas y al Jefe de la ANIN a continuar y atender con urgencia la necesidad presupuestal pendiente, e hizo un llamado al Congreso de la República —especialmente a la Comisión de Presupuesto— para trabajar de manera conjunta en una estrategia integral de financiamiento y pago de obligaciones para el 2026, que permita restablecer la confianza, garantizar la continuidad de obras esenciales y proteger el empleo formal.
