La economía informal está en expansión en Perú. Así lo muestra un estudio realizado por la firma global de consultoría EY realizado en los 150 donde opera.
El estudio –titulado ‘Shadow economy exposed 2025’ y procesado por un área especializada en análisis económico de EY– incluye a 18 países latinoamericanos, incluido Perú.
De acuerdo con la investigación, a fines de 2023 (año de corte de la investigación) la economía informal – que produce fuera del sistema fiscal, legal y regulatorio– suponía el 18,3% del producto bruto interno (PBI) nominal del Perú equivalente aquel año a S/ 999.447 millones. La cifra levanta aún más las alarmas considerando su evolución respecto a los doce meses previos: de acuerdo al estudio la economía informal creció entre 2022 y 2023 un total de 8,8%, pasando de S/167.980 millones a S/182.899 millones, respectivamente. “Ello refleja un crecimiento superior al 5,26% que registró la economía formal”, anota una ficha que resume los principales hallazgos del estudio a la que accedió Forbes.
Pero eso no es todo, pues, a nivel regional, dicho desempeño ubica a Perú en la tercera peor situación entre los países latinoamericanos analizados, detrás de Bolivia y Nicaragua, que se posicionan en el puesto 18 (el último) y 17 (anteúltimo). ¿Qué explica esta posición? “La conclusión más directa es que estamos entre los peor ubicados. Incluso me atrevería a decir que hay países que están con Índice de Desarrollo Humano por debajo del Perú, pero que, sin embargo, en este aspecto no están tan mal como nosotros”, comenta Humberto Astete, socio de impuestos y líder de consultoría tributaria de EY. En ese sentido, Astete destaca que existen dos realidades: por un lado, la política macroeconómica cuidada y responsable de Perú en los últimos 30 años; por otro, la informalidad. “A pesar de las buenas cifras macroeconómicas, en este espacio (la economía informal) hemos, probablemente, hemos retrocedido”, afirma.
Un problema profundo
Por regiones, el estudio muestra que Huancavelica, Puno y Amazonas son las que poseen más unidades productivas informales, con el 94,4%, 94,2% y 94,1%. Otras regiones con predominancia de este tipo de informalidad son Ica, Arequipa y Lima, con el 83,5%, 77,4% y 76,8%, en cada caso. Estos datos pertenecen al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), una de las fuentes de información que usó EY para nutrir la investigación. En este caso, para Astete, existe “una clara correlación” entre la tasa de informalidad y el nivel de desarrollo humano y pobreza de las regiones. “A menor presencia del Estado, en departamentos alejados, la consecuencia natural es que el espacio para desarrollar economías informales crezca”, sostiene.
En el caso de las actividades productivas, el estudio revela que el sector agropecuario y de pesca es el que reporta el mayor nivel de informalidad, con 86,1% de la producción bajo la sombra. Le siguen el sector de restaurantes y alojamiento, con 50,3%; transporte y telecomunicaciones, con 34,1%; y transporte y telecomunicaciones, 26,9%. Para Astete, la actividad informal en sectores como el agro y la pesca se relaciona con que son actividades de extracción de recursos naturales que requieren menos inversión, permisos e infraestructura. “Son sectores menos regulados”, acota. Astete reconoce, asimismo, el avance de la minería informal, que, de acuerdo a datos del INEI, representó el 0,4% de la producción total del sectoren 2023, valorizada en un total de 167.000 millones de soles.
Más allá de la brecha fiscal
Para Astete, la preocupación de fondo que plantea la economía informal es el cierre de la brecha fiscal. El ejecutivo define al indicador como la diferencia entre los impuestos que se deberían recaudar dado el tamaño de nuestra economía y los impuestos que se recaudan.
“Entre los fenómenos que generan esta brecha fiscal (está) la informalidad. Esta incide de manera preponderante y esto trae un impacto negativo para el funcionamiento del sistema en general. Porque el Gobierno tiene menos recursos para brindar servicios adecuados de salud y educación a sus habitantes, genera distorsiones en la competencia, crea barreras para invertir y crecer, [provoca] un desprestigio general de las instituciones”, detalla.
¿Qué ha permitido el avance de la economía informal en Perú? Astete lo atribuye a la falta de voluntad política. “[Resolver la economía informal] es afrontar un problema que trae costos también para el Gobierno -costos en términos de popularidad y de aceptación–, considerando que hay una parte importante [de la población] que vive bajo el manto de la economía informal”, sostiene.
“Es un problema cuya solución debe ser abordada evidentemente por el gobierno, no solo desde la perspectiva fiscal, de intentar cobrar impuestos a los informales. El asunto va un poquito más allá, porque es un fenómeno social. No solo hablamos de informalidad tributaria, sino de informalidad laboral. […]. Es un problema que se tiene que abordar de manera integral. La solución no solo pasa con darle más facultades a la Sunat para que pueda seguir a los informales y cobrarles impuestos. El problema es un poquito más serio. Tiene que haber una voluntad política de solucionarlo”, concluye Astete.
(forbes.pe)
