La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) elaboró un documento como parte de su trabajo por llevar propuestas constructivas al Gobierno para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Estas propuestas son producto del esfuerzo de los 23 gremios que conforman la CONFIEP, de más de 200 reuniones con expertos nacionales e internacionales y de varios encuentros con ministros, congresistas, funcionarios y trabajadores. Todas alineadas con los principios de una economía de mercado para generar riqueza, cerrar brechas y combatir la inseguridad. “Somos conscientes de que algunas de estas propuestas requieren de un gran esfuerzo y una reingeniería importante en el Estado, pero que, con voluntad política del Poder Ejecutivo y el Congreso, gente capacitada y preparada, y con el apoyo del sector privado, así como de los trabajadores, muchas de ellas se pueden lograr”, señala el gremio.
Por otro lado, observó que varias de estas propuestas son de rápida implementación y con costos políticos muy bajos que podrían generar que la economía peruana empiece nuevamente a dar frutos. En 2023, la tasa de pobreza en el Perú se incrementó a. 29,0%. Es decir, acumula dos años de aumentos consecutivos y se ubica en cifras próximas a las registradas durante la pandemia de 2020 (30,1%). Estas propuestas contribuirán con revertir esta situación. En el documento se analizan diversos puntos de enorme importancia para el desarrollo del país, desde la seguridad hasta el turismo, pasando por la salud, el mercado laboral, la reforma política y otros. “En cada uno de ellos señalamos los principales problemas y ofrecemos propuestas de solución, principalmente, en el breve plazo. Para ello, hacemos una investigación seria, con datos precisos, comparaciones con otras realidades. El sector privado siempre ha mostrado buena voluntad para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos”, agregó.
Seguridad
• Sistema de información integrado: Implementar un sistema que administre en una sola plataforma tecnológica y cuente con sistemas de seguridad con videovigilancia integrados entre la Policía Nacional del Perú (PNP), Ministerio Público, Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, el sector privado podría alimentar esta plataforma con la información con la que cuenta en centros comerciales, transacciones bancarias, sistemas de peajes.
• Masificación de centros de flagrancia: Administrar justicia en corto tiempo. Así, el Estado ahorraría ingentes sumas de dinero en gastos y descongestionaría el sistema judicial. – El costo unitario por proceso penal pasaría de 12.105 a 515 soles. – Los plazos de los procesos se reducirían de más de 12 meses a 24 horas.
• OxI y APP: Construir comisarías o instalar sistemas de vigilancia e iluminación con estos mecanismos. Para ello, se necesita de una estrecha coordinación entre los sectores, gobiernos regionales, Proinversión y el sector privado.
• Inteligencia: Reforzar labores de inteligencia táctica operativa.
• Institucionalidad: Instar a que los sindicatos de trabajadores y gremios empresariales trabajen con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio Público, el Poder Judicial y la PNP, para abordar los problemas generados por la inseguridad y aportar propuestas. Para ello, se necesita reactivar la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y que sesione permanentemente con los trabajadores y empleadores. Además, es necesario contar con reuniones periódicas con el Poder Judicial, Ministerio Público, DINI y PNP para dar seguimiento a los resultados.
• Reconocimiento facial: Implementar sistemas de reconocimiento facial en centros comerciales.
Economías ilegales
• Trazabilidad y fiscalización: Controlar los eslabones de la cadena de valor de minería ilegal y de los insumos que sirven para esta actividad. Por ejemplo, explosivos y plantas de beneficio.
• Control: Fiscalizar los puntos críticos del comercio e insumos (explosivos, mercurio, maquinaria no registrada) de las economías ilegales.
• Escáneres en los puertos: Instalar de forma más acelerada escáneres en puertos para detección de mercadería ilegal. La seguridad en la cadena logística de comercio exterior es fundamental para cortar los flujos de dinero a las economías ilegales. Recientemente, la Alianza del Pacífico ha creado un Grupo Especial para atender este problema.
Salud
• Gobernanza: Fortalecer la gobernanza de EsSalud a través del empoderamiento de un directorio y gerencia orientados a la excelencia en la ejecución del gasto y brindar servicios de calidad de manera oportuna.
• Logística: Implementar una gestión logística 5PL (Fifth Party Logistics), que provea una gestión absoluta de la cadena de suministro, centrada en la satisfacción del usuario final. • OxI y APP: Mediante estos mecanismos, comprar equipos, construir, operar y mantener infraestructura (concepto de bata blanca).
• Bancos de sangre: Derogar el Decreto Supremo 017-2022-SA, que establece una nueva clasificación de los bancos de sangre según el volumen de producción y no por las características de calidad y seguridad. Además, proponer un plan nacional de reorganización de los centros de hemoterapia y bancos de sangre, con una política nacional de promoción de la donación voluntaria de sangre.
• Categorización de establecimientos: Categorizar los establecimientos de salud de forma permanente y no cada dos años siempre que no existan nuevas obras con el objetivo de evitar la fiscalización excesiva.
• Elección del prestador de salud: Implementar la libre elección del prestador, pudiendo iniciar en las urgencias, atención ambulatoria del primer nivel de atención y las cirugías del segundo nivel de atención.
• Fideicomiso para el pago de atenciones: Establecer un fideicomiso para el pago de las atenciones de los asegurados de Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) públicas en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) privadas, o establecer la modalidad de servicios por impuestos (IAFAS públicas) y servicios por aportes (EsSalud).
Sector Agrario
• Régimen agrario: Se debe trabajar y aprobar una nueva ley del sector agrario en coordinación con el sector productivo en materia laboral y tributaria. Se deben recuperar las políticas públicas agrarias promotoras que han beneficiado al país, es la única manera de desarrollar el sector, atraer inversión e incorporar a la pequeña agricultura a las cadenas modernas agrarias.
Mercado Laboral
• Agenda 19: Deslindar claramente de agenda laboral del expresidente Pedro Castillo. Por ejemplo, derogación de las normas de tercerización (Decreto Supremo 001-2022-TR) y relaciones colectivas (Decreto Supremo 014-2022-TR). Estos dos decretos supremos dependen solo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y pueden ser eliminados de manera inmediata y dar un mensaje positivo al mercado formal.
• Remuneración mínima vital (RMV): Establecer una metodología clara y predecible para evaluar el monto justo de la RMV.
• Mi Primera Chamba: Crear un régimen flexible para que todas las personas (no solo jóvenes) que hayan trabajado siempre en la informalidad, puedan ingresar al mercado laboral formal con un esquema más flexible.
Vivienda
• Bonos: Dar sostenibilidad a los subsidios del Bono Familiar Habitacional (BFH) y del Bono Buen Pagador (BBP) de los programas sociales. Propuestas como éstas brindarían vivienda digna a las personas y tendrían un efecto positivo en la lucha contra el tráfico de tierras en el Perú.
• MiVivienda: Multiplicar el fondo de Vivienda Social para promover la oferta y generar suelo habilitado. • Planes de desarrollo: Impulsar la planificación de las ciudades y los centros poblados con énfasis en la declaración de necesidad pública e interés nacional y el eje de expansión del nuevo puerto de Chancay.
• Licencias: Optimizar y dinamizar el desarrollo de procedimientos administrativos sobre la obtención de las licencias de habilitación urbana, de edificación y de otros actos administrativos que las complementen, de manera simplificada, ágil, eficaz y eficiente.
• Tráfico de tierras: Proponer que se incluya el tráfico de tierras como un delito de crimen organizado que genera múltiples consecuencias negativas al Estado.
Infraestructura
• Perfeccionar y simplificar: Usar de forma extensiva mecanismos de ejecución de obras más efectivos como OxI y APP. Es importante seguir perfeccionando el mecanismo de OxI para hacerlo más atractivo para la empresa privada.
• Destrabar: Acelerar la ejecución de grandes obras públicas que hoy están en cartera, como el puente Santa Rosa, la longitudinal de la Sierra Tramo 4, el tercer grupo de aeropuertos, entre otros.
• Acelerar: Impulsar con mayor rapidez la licitación y ejecución de proyectos de acceso a megaproyectos, como el acceso al aeropuerto Jorge Chávez, al aeropuerto de Chinchero, al puerto de Chancay, entre otros.
Cabotaje
• Aprobar: Llevar adelante el Proyecto de Ley 5175/2022- PE, ley que modifica el Decreto Legislativo 1413, el cual no exige el permiso de operación y la constitución en el país para las empresas nacionales y extranjeras. Todas las empresas podrían hacer cabotaje.
Clima de inversiones
• Reducir la tramitología empresarial: Garantizar el cumplimiento del silencio administrativo positivo. Reducir los requisitos y la permisología para la exploración, explotación y ampliación minera. Para ello, se necesita un equipo especialmente dedicado a analizar toda la tramitología que afecta al ciclo de vida de una empresa: constitución, operación, expansión y salida del mercado.
• Revisar la metodología bajo la cual el Indecopi calcula las multas: En la actualidad las multas son excesivas.
• Avanzar en la propuesta de ordenamiento territorial: Con una implementación por fases, hay que exigir capacidades en los gobiernos regionales y gobiernos locales antes de empezar, así como aclarar competencias de los niveles de gobierno.
• Realizar Mesas Ejecutivas: Asegurar la continuidad de este instrumento bajo la tutela del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
• Zonas Económicas Especiales: Mantener el régimen de exoneraciones tributarias del Impuesto General a las Ventas (IGV), del Impuesto de Promoción Municipal (IPM), el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), aranceles por importación. Además, dotar de infraestructura en los corredores logísticos asociados a las ZEE (Tacna, Piura, Moquegua, Arequipa).
Mipymes
• Simplificación administrativa: Analizar los permisos por la que tiene que transitar una micro, pequeña y mediana empresa (mipymes) en todo el ciclo de negocio y determinar lo que es verdaderamente necesario. Reducir la capacidad de los municipios para paralizar actividades económicas y exigirle requisitos para su funcionamiento.
• Compras públicas: Incluir 1) cláusulas de transparencia y anticorrupción, 2) fichas técnicas y expedientes accesibles, 3) equipos técnicos y administrativos con la experiencia necesaria en la modalidad de núcleos ejecutores de compras (NEC).
• Encadenamientos productivos: Atender el bajo nivel de valor agregado en los productos y servicios del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y promover la formación de clústeres sectoriales de innovación abierta en las regiones.
• Homologación de proveedores mipymes: Acelerar la implementación de la Medida de Política 6.2 del Plan Nacional de Competitividad y Productividad: homologación de proveedores mipymes en nuevos sectores.
Petroperú
• Financiamiento: Evaluar fuentes de financiamiento externas del sector privado y/o la posibilidad de ceder la administración de Petroperú a una empresa privada para evitar salvatajes con el dinero de todos los peruanos.
Telecomunicaciones
• Servicio de cable: Evitar la aprobación del dictamen que obliga a las operadoras del servicio de cable a incluir canales de señal abierta (Proyecto de Ley 2844-2022/CR).
• Facultades: No otorgar las facultades legislativas en torno a 1) permitir el acceso de parte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) a información de datos personales y metadata, 2) regular las obligaciones y sanciones de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y 3) permitir que el sistema nacional en seguridad y defensa nacional acceda a la localización, geolocalización y rastreo de equipos de comunicación.
Turismo
• Centro de Convenciones de Lima: Dar en concesión el Centro de Convenciones de Lima para impulsar el turismo de reuniones.
• Juegos Panamericanos: Desarrollar una nueva sede para la base de operaciones del evento deportivo, de cara a los Juegos Panamericanos 2027.
