Por Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima
En los últimos 25 años en el Perú, por S/ 1 de inversión pública se realizan S/ 4 por parte de la inversión privada. En total, ambos tipos de inversión acumulan alrededor del 22 % del PBI, con un aporte relevante en el empleo formal y el crecimiento; y, si son direccionadas a infraestructura, incrementan la capacidad productiva del país.
Como ya es público, 2023 fue un mal año para la economía, con caídas en el PBI (-0,6 %), la inversión privada (-7,2 %) y una débil expansión de la inversión pública (1,4 %). En ese contexto, la pretendida reactivación económica exige que ambos tipos de inversión aceleren su expansión.
Para lograrlo, en 2024, tanto los gobiernos nacionales y subnacionales tendrán que ser muy expeditivos en materia de gasto de capital y meticulosos en lo que se refiere al gasto corriente. Esto último debido a que el déficit fiscal a febrero de 2024 ascendió al 3 % del PBI, por lo que la meta a fin de año de 2 % será difícil de lograr.
Inversión pública
El Sistema Nacional de Inversión Pública busca maximizar la eficiencia de los recursos de inversión alineando políticas, planes y programas de desarrollo, claridad de responsabilidades, oportunidad y lógica en la toma de decisiones, esfuerzos complementarios, viabilidad operativa, centralización normativa y descentralización operativa.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) destinado a inversión pública asciende a S/ 63 925 millones, representando el 25,6 % del presupuesto total, que es de S/ 250 169 millones. Este porcentaje varía según los niveles de gobierno. Así, en el Gobierno Nacional (GN) lo destinado a inversión pública representa el 18,4 % de su PIM, mientras que en los Gobiernos Locales (GL) y Gobiernos Regionales (GR) la participación es del 50,8 % y 26,8 % respectivamente.
Además, los sectores que concentran mayor presupuesto de inversión son Transportes (S/ 18 059 millones), Educación (S/ 10 813 millones), Saneamiento (S/ 6 330 millones), Orden Público y Seguridad (S/ 5 394 millones) y Salud (S/ 5 187 millones). Estas inversiones están consideradas dentro de las prioridades que el MEF ha establecido para este año, como es la reactivación económica, el cierre de brechas sociales, así como el abordar el problema más tangible para la población: la inseguridad ciudadana.
Ejecución al primer trimestre
Hasta marzo de este año, la inversión pública ejecutada fue de S/ 9 537 millones, un crecimiento del 35,2 % en comparación con similar periodo de 2023. Asimismo, la cifra representó una ejecución de 14,9 % del PIM.
De este avance de ejecución, el GN presenta una ligera ventaja, pues hasta el primer trimestre ejecutó el 15,6 % de lo que le corresponde. Le siguieron los gobiernos regionales con 15,2 %, y los gobiernos locales con 14,1 %.
Es importante resaltar que se observa un mayor dinamismo para hacer obra pública en los ministerios y autoridades multisectoriales, así como lentitud por parte de los municipios provinciales y distritales.
Si desagregamos la inversión pública por departamentos, considerando tanto gobiernos regionales y locales, se observa una mayor ejecución en La Libertad, Ica y Tumbes, superando el 20 % de su PIM. Por otra parte, según sectores destacan Trabajo (42,4 %), Orden Público y Seguridad (25,8 %) y Comunicaciones (23,3 %).
Proyectos G2G: obras emblemáticas
Dentro de los proyectos de inversión pública contemplados en los pliegos presupuestales, figuran los que tienen el sello de ser gestionados mediante la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G). Ello, porque desde la primera experiencia con los Juegos Panamericanos 2019, esta modalidad se mostró como una forma eficaz de realizar obras públicas en infraestructura. Es así que se inició una fase de entrega de obras importantes a gobiernos de otros países para que colaboren con la gestión de los proyectos y que eso permita quitarle carga burocrática a las autoridades y, por ende, disminuir los retrasos.
Una de las principales características de los Acuerdos G2G es que cuentan con una Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management Office – PMO, por sus siglas en inglés), la misma que está encargada de realizar el apoyo a la gestión de los procesos que integran el proyecto y es dirigido por un experto designado por el Gobierno contratado.
Así, en octubre de 2019, se suscribió el contrato con el Gobierno de Corea para la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero Cusco (AICC), el segundo más importante del país, luego del Jorge Chávez. Al año siguiente, en agosto, se suscribió un contrato con el Gobierno de Francia para la construcción de dos hospitales (Hospital Lorena, en Cusco; y Hospital Sergio Bernales, en Lima), mientras que dos meses después, se le entregó al Reino Unido un paquete de proyectos de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios (ARCC). De otro lado, en 2021, se le entrega nuevamente al Gobierno Francés la gestión de la construcción de infraestructura vial de gran importancia (Vía Expresa Santa Rosa en Callao – VESR y la Nueva Carretera Central) y al Gobierno Británico la construcción de las Escuelas Bicentenario.
Era de esperarse que esta modalidad genere una infraestructura pública de calidad de manera eficiente, sin embargo, esto no ha sido del todo así. En el caso del AICC, se registran retrasos desde mediados de 2023 y esto ha dejado entrever algunas falencias en cuanto a la coordinación entre las PMO y la autoridad (en este caso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones) ad portas de la culminación de este contrato. Por su parte, la obras en transporte entregadas a Francia aún no presenta ejecución física alguna debido a las controversias de los proyectos, como en el caso de la VESR, que se planea ejecutar sin tener en cuenta el impacto ambiental y urbano de la ciudad portuaria. Como se puede apreciar, si bien la modalidad G2G puede tener el mejor mecanismo para la gestión y construcción de una obra pública, hay factores que escapan de las manos de las mismas oficinas PMO, ya que son de entera responsabilidad de las autoridades nacionales y sectoriales, la misma que se deteriora aún más con la inestabilidad e ingobernabilidad presente en el país.
ANIN: ¿Para qué ha sido creada? Competencias y proyectos
Ante la necesidad del cierre de brecha de infraestructura y garantizar la efectiva prestación de servicios públicos y dinamizar la economía, así como al desarrollo del país con enfoque territorial, de prevención y de sostenibilidad ambiental se publicó en julio de 2023 la Ley N.° 31841 mediante la cual se dispuso la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), como un organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para la formulación, ejecución y mantenimiento de los proyectos o programas de inversión que estén a su cargo.
Dentro de la cartera de proyectos de inversión de la ANIN, se encuentran obras emblemáticas de los tres niveles de gobierno y los proyectos de prevención y el control de las cuencas hidrográficas para evitar huaicos e inundaciones, y llevar adelante el mejoramiento de la cuenca del río Rímac, entre otros. Los referidos al primer caso son proyectos o programas de inversión en infraestructura que cuenten con montos de inversión iguales o superiores a los S/ 200 millones, que se encuentren en la programación multianual de inversiones vigente y que no tengan ejecución física.
Por su parte, el segundo caso hace referencia a los proyectos de inversión en infraestructura sin ejecución física, cuyo monto de inversión se encuentre entre los S/ 40 y S/200 millones, solo cuando se trate de intervenciones multisectoriales conjuntas con enfoque de desarrollo territorial y alto impacto económico o social dentro de un determinado ámbito geográfico, o de intervenciones multisectoriales conjuntas que se enmarquen en situaciones de emergencia por desastres naturales, declarada por la autoridad competente.
Dentro del pliego presupuestal de la ANIN se encuentran 147 proyectos de inversión; sin embargo, para 2024, solo se les asignó un presupuesto a 134 proyectos por un total de S/ 3 305 millones, de los cuales, en el primer trimestre del año, se han ejecutado S/ 1 355 millones, lo que constituye un gran avance del 41 %, cifra que supera los pronósticos y una vez más pone en evidencia que la ejecución de proyectos bajo la modalidad G2G trae consigo buenos resultados. El presupuesto 2024 asignado se distribuye en proyectos de tres sectores, Defensa ribereña (S/ 2 035 millones), Salud (S/ 887 millones) y Educación (S/ 383 millones), los mismos que están siendo ejecutados con el apoyo del gobierno británico.
Queda claro que la inversión pública en el Perú sigue siendo crucial para la reactivación económica y su desarrollo. No obstante, enfrenta desafíos que requieren atención y soluciones eficaces. En ese sentido, instamos a las autoridades a poner énfasis en ello para que la productividad del país mejore y, con ello, regresar a los niveles de crecimiento superiores al 6 % que garantizan la creación de más puestos de trabajo y la reducción de los niveles de pobreza.
