La conflictividad social y la inestabilidad política no son buenos cimientos para la inversión minera en el Perú. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, de enero a diciembre del 2022, las exportaciones mineras, que representan el 60% del valor total exportado por nuestro país, cayeron 5% en relación con el año pasado.
Para Guillermo Shinno, gerente general de minera Apumayo, este clima de incertidumbre no es propicio para atraer inversiones en el sector. “No es suficiente que el Perú haya participado en el PDAC en Canadá, evento minero que reúne a los principales inversionistas del rubro a nivel mundial; a pesar de los buenos anuncios dados por las autoridades peruanas en dicho evento, es vital que el gobierno encuentre una manera efectiva y tangible de abordar esta crisis. Esto pasa, por ejemplo, por llevar infraestructura básica a las poblaciones más necesitadas, para que sientan los beneficios directos de la actividad extractiva,” agregó.
El panorama sombrío se acrecienta debido a que los operadores locales tampoco están dispuestos a invertir y arriesgar su capital en medio de protestas, un latente adelanto de elecciones y la posibilidad de cambios de reglas del juego que traería una asamblea constituyente.
Proyectos en espera
Otra tarea pendiente del ejecutivo es agilizar los trámites para poner en marcha los proyectos mineros que se mantienen en espera. Si bien el Ministerio de Energía y Minas presentó 47 proyectos por US$53.715 millones en un informe sobre la cartera de inversión minera de 2023, varios de ellos se mantuvieron en stand by.
Tal es el caso de la mina de cobre Magistral, ubicada en Ancash y operada por Nexa Resources que, inicialmente iba a empezar su construcción hacia finales del año pasado. Sin embargo, se vio impedida de hacerlo debido a que tiene pendiente su autorización para la explotación por lo que iniciará sus actividades en 2026.
“La tramitología es un tema que el gobierno debe enfrentar, para que la puesta en marcha de las inversiones sea más rápida, sin menoscabar la exigencia ambiental que requieren este tipo de proyectos. A nivel internacional, se considera al Perú como uno de los países que solicita más permisos, lo que nos quita competitividad,” indicó el ex viceministro de minas.
La situación perjudicaría a los gobiernos regionales y locales respecto a los ingresos percibidos producto de los impuestos de la industria extractiva. El año pasado se transfirieron a las regiones donde operan las mineras unos US$2.879 millones por concepto de canon minero, regalías mineras legales y contractuales y derecho de vigencia y penalidad. Este escenario, para el presente año, no se presentarían las mismas cifras dado que una disminución de la inversión generaría una menor recaudación.
