Alrededor de 1,7 millones de empleos se generarían con la ejecución de inversiones pendientes en infraestructura en todo el territorio nacional. El dato fue presentado en las últimas semanas por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN).
Esta información cobra relevancia si se recuerda que el Plan Nacional de Infraestructura (PNIC), aprobado en julio de 2019, estimaba una brecha de acceso a infraestructura básica de aproximadamente S/. 363 mil millones. El estimado contiene una lista de 52 proyectos, cuyo monto total – actualizado a junio de 2021 – ascendía a más de S/. 117 mil millones, contando con un avance de ejecución financiera de 15.3%, según el Reporte de Seguimiento de Proyectos del PNIC, publicado en julio de 2021 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Si tomamos en cuenta que, al momento de su aprobación, su porcentaje de ejecución financiera ascendía a cerca de 11%, resulta necesario implementar medidas para su agilización.
Y contra lo anunciado por el presidente de la República en el pasado CADE, sobre la elaboración de una nueva versión del plan nacional de infraestructura, con enfoque sostenible, poco se ha avanzado para resolver la gran brecha de acceso a infraestructura básica de aproximadamente S/. 363 mil millones.
“En el 2022 publicamos una nueva versión del Plan Nacional de Infraestructura para mejorar la competitividad incorporando las dimensiones económica, financiera, ambiental, social e institucional”, había afirmado enfáticamente en aquella oportunidad.
En opinión de la consultora en gestión pública y docente de maestría en la Universidad del Pacífico, Karla Gaviño, hay cuatro criterios técnicos que, para este fin, deberían tenerse en cuenta:
1) Implementación de una adecuada institucionalidad encargada del PNIC.
Actualmente, no se cuenta con un espacio encargado de forma específica del PNIC, que aborde el análisis de la brecha de infraestructura del país, de la programación y seguimiento de los principales proyectos para su cierre, incluyendo su acompañamiento y gestión. Al respecto, el propio PNIC sugiere para su concreción una institucionalidad ad hoc, conformada por una Comisión Consultiva cuya Secretaría Técnica recaiga en el MEF, reportándole directamente al Ministro.
Para el PNIC, “la lógica y beneficios de tener una comisión es que se contaría de manera orgánica y permanente con el apoyo ‘experto’ en gestión de infraestructura, política sectorial y organización del Estado”. Esta Comisión debería entrarse acompañada de un Consejo Nacional de Infraestructura encargado del planeamiento y el seguimiento. En tanto se implementa lo descrito, el PNIC sugiere encargar temporalmente su planeamiento al Viceministerio de Economía y su seguimiento al Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión, ambos del MEF.
Si bien la institucionalidad propuesta en el PNIC puede ser revisada, evidencia como desde su diseño, el logro de sus objetivos se encontraba asociado a la especialidad y dedicación específica, superando encargos temporales. Consideramos que a dos años de la aprobación del PNIC, y dado su énfasis para el nuevo gobierno, es el momento de retomar el planteamiento de su institucionalidad.
2) Fortalecimiento del seguimiento
Tanto en el escenario de la institucionalidad dedicada ad hoc al PNIC, como en los encargos temporales a órganos que realizan otras funciones en paralelo, consideramos importante que el resultado del seguimiento y las sugerencias para agilizar la ejecución del PNIC, puedan ser presentados directamente en el Consejo de Ministros y los GORE Ejecutivos, agilizando la toma de decisiones y articulación entre la alta dirección de los Sectores del Gobierno Nacional, así como entre éstos y los distintos niveles de Gobierno. Ello, conlleva al empoderamiento de los equipos a cargo del seguimiento.
3) Actualización de la brecha de infraestructura y del PNIC
Según las normas vigentes, el PNIC debe ser presentado por el MEF de forma periódica. Consideramos importante la revisión y actualización de la brecha de infraestructura, estimada actualmente en base a criterios de acceso a infraestructura básica, sin incluir criterios de calidad. Asimismo, el listado de proyectos debe ser revisado, incluyendo proyectos de sectores sociales cuya especial vulnerabilidad ha sido evidenciada durante la pandemia, como el sector salud.
Siendo que el PNIC tomó prioritariamente información de la programación de inversiones y de Asociaciones Público-Privadas de los sectores del Gobierno Nacional, previéndose la inclusión progresiva de la información correspondiente de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, resultará importante su inclusión.
4) Gestión del PNIC
El Plan fue lanzado con la expectativa de incluir la aplicación de la metodología BIM, así como de los PMO’s. Ambos aspectos necesitan ser retomados, siendo para ello importante el liderazgo top-down, por tratarse de nuevas herramientas cuya implementación requieren de tiempo, recursos, capacitación, compromiso y articulación. Adicionalmente, al lanzamiento del PNIC se anunció su acompañamiento con Contratos PNIC, aspecto del cual no se ha dicho mucho, pero que podría adaptarse al manejo de contratos colaborativos o convenios macro que permitan la interacción articulada de distintos actores.
A reglón seguido, mencionó que el nuevo plan “tendrá un enfoque en el desarrollo de infraestructura sostenible, incorporando las dimensiones económicas, financieras, ambientales, social e institucional”.
Agregó que se “apunta a impulsar el desarrollo económico en base a la inversión pública”. En ese sentido, mencionó que al tercer trimestre del año, la inversión pública de los tres niveles de gobierno registró un crecimiento de 53% en relación a similar periodo del 2020.
Ante este escenario, queda exhortar al Ejecutivo para que, al menos, tome en cuenta alguna de estas convenientes modificaciones que permitan destrabar los 20,000 millones en obras paralizadas por distintas razones, muchas de ellas vinculadas a casos y esquemas de corrupción que se ventilan en el ámbito jurisdiccional. Un ejemplo emblemático es la suspensión del proyecto de irrigación Majes Siguas II, que debía permitir el cultivo de productos de agroexportación de alto valor como paltas, uvas y alcachofas (ingresos para Arequipa por más de US$ 1.010 millones anuales).
Autor: Javier Monroy, columnista y editor asociado
